PROTECCIÓN DE DATOS EN INTERNET, UNA PREOCUPACIÓN GLOBAL

Cada ámbito que en el que actúa el ser humano es inevitablemente sujeto de un análisis ético. La “tecnología”, desde que el término fue acuñado, siempre ha sido objeto de muchos de estos análisis. Actualmente, a diferentes niveles, organizaciones nacionales e internacionales generan debates encarnizados con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto se debe proteger la información de los usuarios de Internet?

 Los esfuerzos para llegar a acuerdos internacionales a este respecto ya están en marcha. Un ejemplo muy claro es el proyecto del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), llamado Data Privacy Pathfinder. Este proyecto es una división del Grupo de Dirección de Comercio Electrónico y fue creado formalmente en 2007 para analizar e identificar las mejores prácticas en materia de privacidad, así como el rol de los sellos de confianza como impulsores del flujo de información a nivel internacional.

La iniciativa Pathfinder promueve el trabajo conjunto entre el sector privado, los gobiernos, representantes de organizaciones de consumidores y grupos que representen el interés público en aspectos de privacidad y protección de datos con el propósito de desarrollar un sistema que permita al sector privado crear sus propias reglas transfronterizas para la protección de la privacidad y los datos personales, apoyándose en el uso de sellos de confianza para el consumidor (trustmarks).

La APEC cuenta con 21 países miembros, que albergan en conjunto más de 2.7 billones de personas y representan aproximadamente el 54 por ciento del PIB  mundial. Es decir que la APEC es la región más dinámica del mundo, económicamente hablando.

 Los países integrantes son: Australia, Brunei, Canadá, Chile ,  República de China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Perú, Filipinas, de la Federación Rusa, Singapur, Taipei, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam y México.

 Todos estos países, inmersos en la crisis económica global,  han vislumbrado en el comercio electrónico internacional un área de oportunidad para su economía y al mismo tiempo un gran reto.

 En el caso de México, éste es un sector que ha crecido por encima de la legislación existente, lo que genera una subutilización de dicha herramienta; la pérdida de competitividad a nivel mundial; así como la indefensión de los usuarios de la red, al no contar con un marco legal actualizado que establezca sus obligaciones y derechos.

 Encontrar la forma de dar seguridad al usuario de la red durante el intercambio de información podría redituar en la creación de empleos, desarrollo tecnológico, multiplicación de los intercambios comerciales, y por tanto en crecimiento económico.

 La globalización lleva a los países a generar sus propias leyes en relación a la protección de datos, pero las diferencias entre legislaciones genera confusión, incremento de gastos, barreras legales para el comercio, así como desconfianza de los usuarios. Lo deseable sería entonces establecer ciertas consistencias entre los marcos legales.

 Sin embargo, la situación actual enfrenta a dos perspectivas con respecto al tema de la protección de datos: la primera, defendida por la Unión Europea, plantea una política enfocada a la protección de datos ciudadanos, vista como parte de la defensa de los derechos humanos, lo que puede llegar a generar un proteccionismo de la información en detrimento del comercio electrónico.

 La segunda perspectiva, que hasta ahora ha sido impulsada por la APEC, propone una mayor apertura, una política que permita el flujo de información electrónica entre países a favor del intercambio comercial y el desarrollo económico de la región. Sin embargo aún presenta problemas en cuanto a la defensa de la privacidad.

 El objetivo es encontrar un balance: liberar el intercambio de información electrónica, especialmente para propiciar el desarrollo del comercio electrónico; y por el otro, dar certeza a los ciudadanos, garantizándoles la protección y el buen uso de datos de carácter privado.

 Este tipo de foros muestra que el tema de la protección de datos en Internet es un asunto prioritario en la agenda económica internacional, por lo que en México se debe empezar a trabajar -como se hace ahora en Estados Unidos, España, China o la India- en una legislación moderna, que tome contemple al llamado ¨comercio sin papel¨ como una importante área de oportunidad para el desarrollo económico del país.

 Hacer un diagnóstico del escenario mexicano revela muchas deficiencias. El proyecto de Data Privacy Pathfinder se enfoca principalmente a una de estas carencias: la incapacidad de usar, transferir y procesar información en un entorno confiable en Internet. Para superar estas discapacidades del sistema mexicano es fundamental dejar a un lado el papel protagónico de la iniciativa privada e involucrar a los tres poderes de gobierno.

 En lo que al Legislativo corresponde, hay que  insistir en la importancia de clarificar las competencias de cada una de las instituciones que regulan el comercio electrónico en el país para hacerlas más eficientes, transparentes y evitar la duplicidad de funciones.

 Asimismo, es fundamental el fortalecimiento del sello de confianza mexicano que emite la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), para ofrecer mayor protección al usuario de las tecnologías de la información; pues, como se abordó durante el foro, los sellos de confianza (trustmarks) deben ser herramientas básicas que garanticen la confiabilidad de un sitio de Internet o de un proceso de intercambio de datos.

 El sello de confianza mexicano deberá constituirse -como lo estableció Scott Taylor de Hewlett-Packard, en su ponencia del 2009 en el grupo de Data Privacy Pathfinder-  no sólo como un evaluador de las políticas de privacidad, sino como un evaluador de procesos, receptor de quejas, enlace entre las instituciones reguladoras y los individuos, incluso mediador en caso de quejas y conflictos.

Por ello, si bien es necesario crear un marco legal, es urgente incluir en éste una regulación que permita remozar los sellos de confianza, pues, en un sector tan cambiante como lo es el de las tecnologías de la información, siempre será más práctico que un sello de confianza se adapte a las nuevas condiciones tecnológicas, que actualizar continuamente las leyes en base a la evolución de la tecnología.

 En conclusión, se debe legislar para que las leyes, en vez de generar incertidumbre, ofrezcan confianza a los usuarios, nos alejen de las presiones que invitan al proteccionismo y promuevan el intercambio de datos – la moneda de la economía digital- para bien de la economía nacional.

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